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Quien denuncie un pago superior a 2.500 euros efectuado antes de que pasen 3 meses no sera multado

26 noviembre, 2012

La Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal premia, por primera vez en una norma española, la delación fiscal. Quien denuncie un pago superior a 2.500 euros efectuado antes de que pasen tres meses desde que se realizó queda exento de responsabilidad y de la multa del 25% del pago.

Con este fin, la Agencia Tributaria (AEAT) ha habilitado una pestaña en su página web para delatar. A diferencia de la denuncia clásica, es obligatorio identificarse mediante la casilla del IRPF de uno de los últimos cuatro ejercicios o, si no se declara la Renta, mediante una cuenta bancaria de la que se sea titular el 1 de enero del año en que se denuncia en una entidad que tenga sede en territorio nacional, además del NIF y del nombre o razón social.

El Fisco atribuye el crecimiento de las denuncias de un 50% en 2012 a que los contribuyentes tienen una mayor conciencia fiscal, y destaca que las acusaciones tienen cada vez más “solidez y sustento”. El denunciante suele conocer bien la actividad en que se está produciendo el fraude. Según Hacienda, la posibilidad de que esas denuncias terminen en sanción es cercana al 100%. La clave para quedar exento ahora será la fundamentación y pruebas que se aporten en la denuncia.

La infracción será grave y prescribirá a los cinco años, periodo durante el que habrá que conservar los justificantes de la operación. La sanción será el 25% del pago en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros. La AEAT podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de los infractores o contra ambos.

La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte se entenderá por no formulada. Además, la presentación simultánea de denuncia no exonerará de responsabilidad a ninguno de los que la realicen.

La sanción será compatible con otras que, en su caso, resulten procedentes por la comisión de infracciones tributarias o por incumplimiento de la obligación de declaración de medios de pago establecida en la Ley de prevención del blanqueo de capitales. Asimismo, la ley introduce obligaciones de información para cualquier autoridad o funcionario que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de algún incumplimiento de la limitación legal.

FUENTE: EXPANSION.ES

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