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Abogados de Elche consiguen Sentencia que obliga al Ayuntamiento de Elche a indemnizar daños en un vehículo por no señalización de obras en vía de servicio de carretera que debía mantener

5 noviembre, 2013

El despacho de abogados de Elche Esquitino Trives y Berenguer ha conseguido sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto  en defensa de su cliente contra el Ayuntamiento de Elche en la que se acuerda que la Administración demandada indemnizará en concepto de responsabilidad patrimonial los daños sufridos por  un vehículo por no estar señalizadas las obras en una vía de servicio cuyo mantenimiento correspondía al Ayuntamiento

La sentencia de fecha 14 de octubre de 2013 dictada por el Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, en Procedimiento Abreviado 625/2012, estima  la demanda interpuesta por el despacho de abogados de Elche Esquitino Trives y Berenguer en defensa del propietario de un vehículo que colisionó con una valla de seguridad que se hallaba ocupando la vía de servicio, cuando se incorporó a ésta precedida de otros vehículos y que se halla situada en paralelo a la N-340 dirección Crevillente-Elche.

La sentencia que declara la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Elche indica  en sus fundamentos de derecho que “el art. 106.2 de la Constitución prescribe que “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que se regula en el Título X de la Ley 30/92, es una responsabilidad de carácter objetivo, o por el resultado, en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas se encuentra regulada en los artículos 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre 1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”

 Igualmente la sentencia indica que “La jurisprudencia (SSTS de fecha 9 de noviembre de 2004, 9 de mayo de 2005 y 2 de diciembre de 2009),  viene exigiendo para que resulte viable la reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, los siguientes requisitos:

                1º.- que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica;

                2º.- que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y,

                3º.- que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor.

                Se configura así como presupuesto básico del nacimiento de tal responsabilidad la existencia de una lesión o detrimento en el patrimonio del particular o, como dice la sentencia de 25 de noviembre de 1995, “la existencia de un daño real y efectivo, no traducible en meras especulaciones o expectativas, constituye el núcleo esencial de la responsabilidad patrimonial traducible en una indemnización económica individualizada, de tal manera que resulte lesionado el ámbito patrimonial del interesado que es quién a su vez ha de soportar la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente causado”. En todo caso se ha de tratar de un daño real y efectivo (Ss. 16-2-1998, 16-10-1995)”

 La sentencia recoge que “de la prueba practicada en el presente recurso, fundamentalmente de la documental que consta en las actuaciones así como de la testifical los agentes de la guardia civil intervinientes el día de los hechos, …  así como del conductor del vehículo siniestrado, …, se entiende acreditado que el lugar en el que ocurrió el incidente que nos ocupa no se hallaba ninguna señalización advirtiendo de las obras que se estaban ejecutando.

 El conductor del vehículo afectado de cuyos daños se interesa resarcimiento en este recurso, …, manifestó en el acto de la vista, con veracidad y sin incurrir en contradicción, que  no pudo evitar la colisión ya que se había incorporado a la vía de servicio en que se hallaban las obras sin señalizar pocos metros antes desde un Stop y llevaba delante un vehículo cuyo conductor pudo ver y esquivar el obstáculo pero que le impidió a él detectar a tiempo la valla contra la que colisionó.

Por ello y porque se hallaba la zona sin señalizar y la valla que acotaba las obras, contra la que impactó el vehículo propiedad del recurrente, invadía parte de la vía de servicio arriba citada y habida cuenta que el mantenimiento de dicha vía en condiciones de seguridad para el tráfico rodado corresponde el Ayuntamiento demandado, se entiende existente una relación directa de causalidad entre el servicio público y los daños sufridos en el vehículo del recurrente”.

Según indica la propia sentencia contra la misma no cabe interponer recurso ordinario de apelación.

FUENTE: ESQUITINO, TRIVES Y BERENGUER

En Esquitino Trives y Berenguer  contamos con un equipo de abogados especialistas en reclamación tanto de lesiones como de daños materiales sufridos en accidentes de tráfico, y reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra Ayuntamientos y administraciones.  Si ha sufrido un accidente y desea realizar alguna consulta puede contactar con nuestros abogados especialistas en el teléfono 966613529

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